La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo señala que la población del país latinoamericano sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales debido a la escasez de recursos, y reitera su llamamiento a que se levanten las sanciones unilaterales. También le preocupa la intimidación y criminalización de defensores de los derechos humanos y de los líderes sindicales en el país.
“La población de la República Bolivariana de Venezuela sigue enfrentando importantes desafíos relacionados con el disfrute de sus derechos económicos y sociales, debido a las crisis sociales y económicas multifactoriales preexistentes”, asegura la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un informe presentado este lunes al Consejo de Derechos humanos, Michele Bachelet asegura que “el Gobierno ha promovido políticas sociales a través de programas económicos y sociales dirigidos a combatir la pobreza y a disminuir la brecha de igualdad de género; sin embargo, persisten los desafíos en estas áreas debido en parte, según se reporta, a la mala asignación de recursos, a la falta de mantenimiento de la infraestructura pública y a la grave subinversión en servicios esenciales”.
Y añade que las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos y el impacto de la pandemia de COVID-19 han aumentado aún más la escasez de recursos disponibles.
“Las medidas coercitivas unilaterales sectoriales exacerbaron las condiciones económicas y humanitarias preexistentes, afectando los recursos disponibles para garantizar y proteger los derechos humanos, en particular de las personas más vulnerables”, afirma el informe.
En concreto y a pesar de las excepciones humanitarias existentes, el exceso de cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales sectoriales ha agravado la escasez de medicamentos y ha limitado las importaciones de alimentos, al tiempo que ha impuesto una carga adicional a las organizaciones de la sociedad civil, cuyos donantes e instituciones financieras exigen información financiera adicional detallada, desviando así las capacidades para trabajar eficazmente, en particular en las zonas rurales y remotas.
“La escasez de combustible afectó negativamente en la producción y distribución de alimentos, el transporte público, los servicios públicos, la educación y el sector de la salud”, indica el reporte, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre el 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.
Por todo ello, la Oficina de Bachelet reitera sus anteriores llamamientos para que se levanten las sanciones “en vista de su impacto desproporcionado en el conjunto de la población, los cuales también han sido reiterados por la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”.
El informe señala que durante el último año las protestas relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales continuaron, principalmente para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos.
Durante el período que abarca el informe, la Oficina de la Alta Comisionada documentó “ocho casos de protestas durante las cuales violaciones de derechos humanos fueron cometidas por las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados ‘colectivos’, incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial, tres casos de malos tratos y tres casos de uso excesivo de la fuerza.
El informe señala que esa Oficina toma nota de las investigaciones abiertas en al menos dos casos de malos tratos y reitera la obligación de investigar de forma independiente todos estos incidentes y evitar que se repitan. ONU Derechos Humanos también documentó detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios de al menos 45 personas en relación con esas protestas.
