Todos ellos acordaron destinar a partir de 2015 entre el 4 y el 6% de su Producto Interior Bruto o entre el 15 y el 20% del gasto público a educación, pero la mayoría todavía no llega a este baremo. Según los datos disponibles en 65 países las escuelas siguen cerradas total o parcialmente, una circunstancia que afecta a 750 millones de alumnos. Además, 11 millones de niñas corren el riesgo de no volver al colegio tras la pandemia.
Más de 40 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura adoptaron este miércoles la denominada Declaración de París, un llamamiento de ámbito mundial para aumentar la inversión en educación tras la crisis de la COVID-19.
La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, copresidieron una reunión de jefes de Estado y ministros de Educación, con el objetivo de reforzar el compromiso político mundial y nacional con la enseñanza.
Unos 1600 millones de niños y adolescentes se vieron privados de enseñanza escolar en el punto más álgido de la pandemia. Entre ellos, 500 millones de estudiantes, principalmente de países del Sur, no tuvieron acceso a la enseñanza a distancia.
Tras producirse esta situación, la UNESCO movilizó rápidamente a los Estados, a las organizaciones internacionales y a las empresas, y los reunió en el seno de una Coalición Mundial por la Educación que permitió garantizar la continuidad de la enseñanza en 112 naciones.
Pese a esta movilización sin precedentes, el último recuento de la agencia de la ONU indica que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, una situación que afecta a 750 millones de alumnos.
Sin embargo, esta preocupante cifra no se limita a esas naciones, ya que en algunos países donde se reanudó la actividad escolar algunos menores todavía no volvieron a clase, como queda reflejado en el caso de las niñas, cuya escolarización ya era un definida como “frágil” en los países de renta baja.
Las estimaciones de la UNESCO apuntan a que unos 11 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de no volver al colegio tras la pandemia.
Los Estados miembros de la UNESCO acordaron destinar a partir de 2015 entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público a educación, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este límite. A esta falta de recursos, hay que añadirle que los paquetes de estímulo económico post COVID-19 solo destinan a educación un importe de un 1% en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los desarrollados.
En paralelo a la adopción de la Declaración de París, Audrey Azoulay y la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, presentaron un nuevo informe sobre educación fruto de dos años de trabajo de una comisión internacional independiente que se basa en las contribuciones de más de un millón de ciudadanos y de la experiencia de 400 Escuelas Asociadas y 200 Cátedras UNESCO en todo el mundo.
El estudio titulado “Repensar juntos nuestro futuro: un nuevo contrato social para la educación” pide reformar los planes de estudio y los métodos de enseñanza teniendo en cuenta tres grandes cambios recientes en nuestras sociedades: los relacionados con la globalización, el desafío climático y la revolución digital.
