Los expulsados corren el riesgo de exponerse a los peligros de los que huían. Además, la práctica aumentará el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales. “Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento”, recuerda la agencia encargada de velar por los derechos de los refugiados.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) está preocupada por la nueva práctica de Estados Unidos de expulsar por avión refugiados y migrantes a México bajo razones de salud pública.
“Las personas o familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades, ha asegurado el representante de esta agencia de la ONU para Estados Unidos y el Caribe.
Matthew Reynolds señala que “estos vuelos de expulsión de no mexicanos al interior profundo de México constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el COVID-19 conocida como Título 42”.
En virtud del Título 42, se niega a las personas y a las familias el acceso a las pruebas de protección y a los procedimientos de asilo de Estados Unidos.
Vulneración del derecho internacional
La expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena, es decir la devolución por parte de sucesivos países de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención de Refugiados de 1951.
Todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas leyes y principios en todo momento, recordó Reynolds.
ACNUR ha lanzado recientemente una advertencia global contra las iniciativas que trasladan las responsabilidades de asilo a otros países o que dan lugar a la denegación total del derecho a solicitar asilo.
En un momento en el que el movimiento de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado de forma significativa, estas expulsiones pondrán a prueba la sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México.
Además, aumentarán el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales y son contrarios a los pasos que se están dando para compartir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas fundamentales del desplazamiento forzado y la migración.
