El Partido Revolucionario Institucional insiste en recurrir a la mentira. Disfrazado ahora de una indignación ensayada, vuelve a repetir el mismo insulto que la autoridad electoral ya catalogó como una falsedad sin sustento: llamar “narco partido” al movimiento que ha sido respaldado democráticamente por millones de mexicanas y mexicanos en dos elecciones presidenciales consecutivas, la última con la votación más alta registrada en la historia de nuestro país.
Vale la pena aclarar con precisión lo que el PRI intenta distorsionar. El pasado 29 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE no censuró el debate político ni coartó libertades. Decidió, por unanimidad, frenar nueve publicaciones -cinco de Alejandro Moreno, y cuatro de las cuentas oficiales del PRI-al constatar que imputan delitos falsos sin aportar una sola prueba. La libertad de expresión es el corazón de la democracia; la calumnia financiada con recursos públicos no lo es. Confundir ambas cosas no es un descuido: es una estrategia deliberada.
La incongruencia del PRI es evidente. Durante años marcharon bajo la consigna de que “el INE no se toca” y se autoproclamaron guardianes de la institucionalidad. Hoy, cuando esa misma autoridad resuelve por unanimidad en su contra, su dirigente acusa censura y amenaza con ir a instancias internacionales. El mensaje es transparente: para el PRI, el árbitro electoral solo es legítimo cuando le da la razón. Esa no es una defensa de la democracia; es la prueba de que nunca entendieron que las reglas también aplican para ellos.
Tampoco se puede borrar la historia con un tuit. El partido que gobernó México durante siete décadas dejó una estela documentada de exgobernadores procesados, sentenciados o prófugos por corrupción, enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen en estados como Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo. Quienes perfeccionaron la impunidad como método de gobierno no tienen la calidad moral para acusar sin pruebas.
La respuesta de Alejandro Moreno al desacatar la resolución y prometer que continuará su campaña de difamación evidencia una conducta arraigada: la vieja costumbre priísta de sentirse por encima de las instituciones. Antes lo hacían desde el poder; hoy lo intentan desde una red social. Cambió la herramienta, no la mentalidad.
El pueblo de México sabe distinguir perfectamente entre la crítica legítima -que siempre es bienvenida en una democracia viva- y la mentira repetida como eslogan. Un partido que perdió la confianza en las urnas no la recuperará inventando señalamientos; la recuperaría rindiendo cuentas por su propio pasado.
Mientras el PRI se atrinchera en la calumnia, nuestro movimiento se dedica a gobernar: la reducción histórica de la pobreza confirmada por el INEGI, los derechos sociales elevados a rango constitucional y el respaldo ciudadano son hechos que no se pueden borrar.
Respaldamos la resolución del INE y la libertad de expresión, la cual exige responsabilidad y sustento. La Transformación no se alimenta del silencio de la oposición, sino de los resultados y del bienestar de la gente. Al PRI no lo desmiente este movimiento: lo desmienten los tribunales, su propia historia y la memoria de las y los mexicanos.
¡Por el bien de todos, primero los pobres!
