Esta mañana se informó que La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena hará pública en los próximos días la definición sobre el destino de la candidatura de Félix Salgado Macedonio como representante de MORENA para entrar en la contienda por gobierno de Guerrero, y de sus cinco integrantes, de las cuales tres se asumen como feministas: Eloísa Vivanco, Donají Alba y Zazil Carreras.
Salgado podría quedar fuera de contienda
En el caso de Zazil fue quien solicitó abrir la queja de oficio contra el senador con licencia, luego de las denuncias exhibidas por presunta violación sexual contra al menos tres mujeres. Eloísa Vivanco, quien encabeza dicha comisión, es consejera estatal en Puebla y en su semblanza se presenta como activista y feminista.
Por su parte Donají Alba fue funcionaria en la alcaldía Cuauhtémoc y aspirante a secretaria general del partido. Es cercana al senador Ricardo Monreal y en la campaña interna se pronunció a favor de Mario Delgado. Alejandro Viedma tiene maestría en gobierno y trabajó con Horacio Duarte cuando fue representante de Morena ante el INE. Es fundador del partido, al igual que Vladimir Ríos, quien ha sido integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia desde su creación, pues fue colaborador de su primer presidente, Héctor Díaz Polanco.
La votación que se dio para iniciar el proceso contra Salgado Macedonio fue por mayoría de votos pero no unánime; sin embargo, no se dio a conocer quiénes no se manifestaron a favor. Además de la queja de oficio hay otro procedimiento contra el candidato a la gubernatura de Guerrero, derivado de la solicitud que hizo de manera directa Basilia ‘N’, una de las presuntas víctimas de Salgado Macedonio, quien debió acreditar su militancia en el partido para que pudiera ser recibida en comparecencia.
Los integrantes de la CNHJ firmaron el acuerdo para dar inicio a la queja de oficio, incluida su presidenta, Eloísa Vivanco, determinaron que “a decir de las actitudes que se han denunciado, realizadas Félix Salgado Macedonio, podemos afirmar que las mismas irían no solo en contra de nuestra normatividad interna, sino que atentarían contra los derechos humanos de las presuntas víctimas, al haberse cometido al amparo de una relación de poder derivada de sus funciones como político o servidor público.
