Varios líderes mundiales lanzan una campaña para cubrir los fondos necesarios en la lucha contra el COVID-19 a través del llamado Acelerador ACT. La inversión permitirá adquirir herramientas esenciales, como vacunas y pruebas, y proporcionárselas a los países de ingresos bajos y medios. El índice de vacunación en estos últimos no supera el 10%.
Un destacado grupo de gobiernos* acordó este miércoles un nuevo marco de financiación en apoyo del Acelerador ACT, un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra el COVID-19. La iniciativa está especialmente dirigida a los países más ricos.
El primer objetivo de la coalición gubernamental es cubrir el déficit de financiación existente de 16.000 millones del Acelerador ACT, que se reunirían en concepto de donaciones aportadas por las naciones participantes, según informaron conjuntamente la Organización Mundial de la Salud y UNICEF.
El marco establece una serie de orientaciones sobre una “cuota justa” de financiación que los países más ricos deben aportar a la respuesta global del Acelerador ACT. La aportación se calcula en función del tamaño de su economía nacional y de los beneficios que les reportaría una recuperación más rápida de la economía y el comercio mundiales.
El Acelerador ACT solicita a los países donantes una contribución de 16.000 millones de dólares, sobre un presupuesto total es de 23.400 millones, en concepto de subvenciones inmediatas que se efectuarían durante el período comprendido entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
Los 7000 millones de dólares restantes los autofinanciarán los países de ingresos medios, utilizando recursos nacionales para cubrir ciertas necesidades de adquisición y contando con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo.
Los 16.000 millones de dólares se usarán para financiar el trabajo de los distintos organismos del Acelerador ACT. La inversión les permitirá adquirir herramientas esenciales para combatir el COVID-19 y proporcionarlas a los países de ingresos bajos y medios.
De los más de 4700 millones de pruebas contra el COVID-19 realizadas desde el inicio de la pandemia sólo se han administrado unos 22 millones de pruebas en los países de bajos ingresos, lo que representa sólo el 0,4% del total mundial. Del mismo modo, sólo el 10% de las personas de los países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Esta enorme desigualdad no sólo cuesta vidas, sino que también perjudica a las economías y corre el riesgo de que aparezcan nuevas variantes más peligrosas que podrían despojar a las herramientas actuales de su eficacia y retrasar muchos meses a las poblaciones altamente vacunadas.
