Los gobiernos de América Latina deben pasar de la respuesta humanitaria, a políticas de integración a largo plazo de los refugiados y migrantes venezolanos, que incluyan la regularización, señala un informe de la OIM y otras agencias que alerta de que la integración de estas personas sigue siendo deficiente.
El reporte analiza la integración entre 2017 y 2021 en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, países que han recibido a más del 70% de los 5,6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela desde 2015. La mayoría de venezolanos declara en las encuestas su intención de permanecer en los países de acogida.
En los cinco países, las tasas de desempleo son más altas para los venezolanos. Pese a su alto nivel educativo, muchos venezolanos solo han podido acceder a trabajos informales con salarios bajos, en parte debido a las barreras para que sus credenciales académicas sean reconocidas. Esto ha dejado a muchos venezolanos viviendo en la pobreza. La pandemia solo ha empeorado la situación. En Colombia, Ecuador y Perú el pasado otoño, los venezolanos dijeron que sus ingresos habían descendido más del 50%.
El acceso a atención médica también ha adquirido una nueva urgencia. Chile y Brasil y Ecuador tienen sistemas de salud universales, pero el miedo a la deportación o a la discriminación pueden limitar el acceso. En Colombia y Perú, la atención médica no es universal y muy pocos tienen seguro médico.
Además, todavía existe un número considerable de venezolanos en condición irregular. “Continuar con estos esfuerzos será importante porque la regularización es un obstáculo principal para la integración de los migrantes”, señalan el informe.
“La mayoría de los venezolanos estamos cansados de palmaditas en la espalda, de miradas compasivas, de mensajes lastimeros. Todas las miradas deben estar dirigidas a la integración y a apostar porque los venezolanos podamos integrarnos en los países a los que estamos llegando y, como lo están haciendo muchos de mis connacionales, convirtamos las dificultades en oportunidades para todos”, dijo Óscar Pérez, de la Unión de Venezolanos en Perú.
En el mismo sentido, Diego Chaves-González, principal autor del informe reconoció que en las sociedades de acogida, a pesar de la solidaridad que han mostrado, puede haber miedos y una “fuerte resistencia” a la asignación de recursos para grupos específicos de población “En un momento en el que la sociedad está sintiendo los efectos de una pandemia y la mayoría se siente en relativa inseguridad, el público querrá ver inversiones que favorezcan a la sociedad en su conjunto”, sostuvo.
