• Se anunció la instalación del Gabinete para la Prevención y Atención a los Despojos.
• Se crea la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, dependiente de la Secretaría de Gobierno, con el objetivo de proporcionar los insumos necesarios para la atención de casos y fortalecer la respuesta institucional ante este delito.
• Se presentarán iniciativas de reforma ante el Congreso de la Ciudad de México a la Ley del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la Ley Registral, y al Código Penal donde los castigos con agravantes pasarán de 11 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza.
Ciudad de México a 29 de julio de 2025.- La Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la Estrategia contra el Delito de Despojo en un esfuerzo coordinado para proteger el patrimonio y la seguridad de las familias capitalinas, que responde a la creciente preocupación por el despojo de inmuebles y que a menudo afecta a personas en situación de vulnerabilidad.
En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno enfatizó que *”cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad, es cuidar la seguridad de las familias y defender el patrimonio de las personas es defender el bienestar de quienes habitan la Ciudad de México”*, subrayando la prioridad de este tema para su administración.
Refirió que este tema es muy sensible en la ciudad y *”es uno de los temas, desde mi punto de vista, pues más importantes porque pues es un delito que lastima mucho a las familias, a las comunidades”*.
Acotó que *”este modus operandi de despojo lo hacen desde la sombra, aprovechándose de vacíos legales y también de la desinformación de las víctimas, así que hoy anunciamos formalmente la instalación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos”*, coordinado por el Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, el cual ha estado operando desde hace aproximadamente cuatro meses, incluye la participación de diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
El despojo, dijo, es un fenómeno multifactorial que combina vacíos legales, corrupción y, en ocasiones, redes criminales, se manifiesta de diversas formas, desde la violencia directa hasta la simulación de actos legales mediante fraudes notariales o escrituras apócrifas.
Refirió que como parte de esta estrategia, se creará una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo adscrita a la Secretaría de Gobierno, con el objetivo principal atender de manera eficiente cada asunto que se presente, proporcionar los insumos necesarios para la atención de casos y fortalecer la respuesta institucional ante este delito.
Puntualizó que un pilar fundamental de esta estrategia son las reformas propuestas al Congreso de la Ciudad de México que buscan fortalecer las penas y ampliar la definición del delito de despojo, entre los que destacan:
• *Incremento de penas*: Las penas por despojo en su tipo base se incrementarán de 6 a 11 años de prisión. Para casos con agravantes como violencia, actos simulados, afectación a grupos vulnerables, etc., las penas pasarán de 12 a 22 años de prisión, sin derecho a fianza.
• *Nuevas conductas agravadas*: Se incluye la ocupación del inmueble a través de daños como forzar cerraduras, romper ventanas o simulación de actos.
• *Protección a víctimas vulnerables*: Se amplía la protección a menores de edad, embarazadas, pueblos indígenas y personas de la tercera edad como víctimas agravadas.
• *Despojo por Simulación de Actos Legales*: Se castigará el despojo realizado a través de la simulación de actos jurídicos, como compras ficticias o escrituras fraudulentas, incluso si involucran notarios de otras entidades federativas.
• *Agravantes por participación de servidores públicos y notarios*: Se aumentarán las penas cuando participen servidores públicos, notarios, ayudantes, corredores o personas que simulen tener un cargo público, así como en casos de suplantación de identidad de la víctima.
• *Despojo de bienes públicos*: Se considera agravante el despojo de inmuebles de la Ciudad de México o áreas protegidas como zonas de conservación ecológica o con valor histórico y patrimonial.
Además, indicó que se plantean modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral para la Ciudad de México, que permitirán a las autoridades administrativas solicitar inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo y emitir alertas electrónicas ante inscripciones sospechosas o contradictorias. Se requerirá a las y los notarios de otras entidades federativas que presenten escrituras en la Ciudad de México una constancia de la autoridad estatal que regule su función notarial, para evitar fraudes.
La Jefa de Gobierno mencionó que se lanzará una campaña permanente de prevención para educar a la población sobre cómo reconocer prácticas fraudulentas, qué hacer ante trámites sospechosos y cómo exigir sus derechos. Se informará a la ciudadanía sobre cómo actuar si se detecta que alguien ajeno solicita informes de su propiedad, si hay amenazas para desocupar la vivienda, o si hay notificaciones irregulares o falsos juicios sobre su propiedad.
Para garantizar que la ciudadanía sepa dónde y cómo buscar ayuda, el Secretario de Gobierno, César Cravito Romero, describió tres tipos principales de despojo: actos simulados e ilícitos donde se usa documentación falsa para apropiarse ilegalmente de una propiedad; actos violentos utilizando amenazas, fuerza o armas y usufructo ilegítimo con el aprovechamiento de la posesión por indefinición de la propiedad.
El Secretario mencionó que se han habilitado múltiples canales de atención como el Zócalo Ciudadano, donde se ha instalado una mesa de despojo que ya ha atendido a casi 150 personas en tres semanas; los programas “Casa por Casa” y Asambleas de Territorios de Paz; redes sociales; denuncias ante el Ministerio Público; llamadas a Locatel (55-5658-1111) y 911; oficialías de partes de las diversas Secretarías; medios de comunicación; así como la línea telefónica especializada 55 5345 8120.
César Cravioto indicó que el protocolo de actuación incluye la recepción de información, contacto con la persona afectada, análisis del caso con las áreas del gabinete para determinar la acción legal (penal, civil o administrativa) y, finalmente, la recuperación y restitución del inmueble al propietario legítimo.
Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, refirió que la Fiscalía reforzará sus capacidades, dijo que la fiscalía especializada en despojos y delitos ambientales se dedicará exclusivamente a los casos de despojo, con un incremento en el número de Ministerios Públicos, policías de investigación y peritos, y se establecerá una unidad dedicada a casos especiales y prioritarios, incluyendo aquellos relacionados con organizaciones criminales y modus operandi específicos.
La Fiscal General informó que se están proponiendo puntos clave de reforma al Código Penal de la Ciudad de México:
• Se busca modificar el artículo 237 del Código Penal de la Ciudad de México, para que el delito de despojo se castigue con 6 a 11 años de prisión en su tipo base. En casos con agravantes, la pena aumentaría de 12 a 22 años de prisión.
• Se agregarán al Artículo 237 con inclusión de nuevas conductas como la ocupación de inmuebles a través de daños o la simulación de actos legales, así como impedir materialmente el uso del inmueble.
• Se propondrá un nuevo artículo, el 238 Bis, Delito Equiparado, donde se equiparará al despojo la posesión ilegítima de un inmueble cuando el ocupante no lo restituya tras ser requerido por la autoridad o quien tenga derecho. Esto permitirá detenciones en flagrancia. Asimismo, se equiparará la conducta de quienes, valiéndose de un cargo público, notaría o agrupación sindical/social participan en el despojo u obtengan cualquier beneficio, aunque no participen directamente.
La Consejera Jurídica, Eréndica Cruzvillegas, destacó que la simulación de trámites es un factor fundamental en el delito de despojo, afectando directamente el orden registral. Explicó que, si bien existen procesos formales como la compraventa o la sucesión, lamentablemente se han detectado deficiencias en la normativa que son aprovechadas para cometer estos actos, por lo que para contrarrestarlo, se propone una reforma puntual a la ley relativa al Registro Público de la Propiedad, lo que permitirá a las autoridades administrativas solicitar inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo y emitir alertas electrónicas ante movimientos sospechosos o contradictorios.
La Consejera mencionó la revisión del Artículo 806 del Código Penal, el cual buscará establecer un criterio particular para las acciones contractuales, asegurando que la fe pública en los contratos no se utilice para generar despojos. Este enfoque integral, que incluye al Registro Civil y el Archivo de Notarías busca crear un proceso de “tracto histórico” que brinde claridad y elimine los vacíos jurídicos que propician estas anomalías.
Para finalizar la conferencia de prensa el Comisionado de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó sobre la continuación de la búsqueda de Ana Amelí, destacando la coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal, incluyendo el apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional y que las actividades se han centrado no solo en la parte alta del Pico del Águila, que ha sido exhaustivamente explorada, sino también en zonas aledañas y bajas. Dijo que el objetivo principal de esta búsqueda exhaustiva ha sido descartar que se haya extraviado o sufrido un accidente en la zona.
La Fiscal General de Justicia complementó la información, dijo que se están realizando diversas entrevistas, actos técnicos de investigación, análisis de telefonía e inspecciones; refirió que la investigación cuenta con un grupo especializado de peritos y policías de investigación, se ha mantenido una coordinación constante con la familia de Ana Amelí, y están trabajando con autoridades de otras entidades federativas como Morelos y el Estado de México, para avanzar en el caso.
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