Entre las múltiples acciones contra las mujeres destacan la prohibición de que vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir. Los especialistas consideran “especialmente preocupante” la privación del derecho fundamental a la educación secundaria y terciaria de las mujeres y las niñas.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos * afirmó este lunes que los dirigentes talibanes de Afganistán están institucionalizando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Al mismo tiempo, consideraron que esta situación se produce “a gran escala y de forma sistemática”.
Los especialistas en derechos humanos reiteraron su alarma a la advertencia lanzada en agosto de 2021 tras implementarse una serie de medidas restrictivas, en particular a las relativas a las mujeres y las niñas.
“Nos preocupan los esfuerzos continuos y sistemáticos para excluir a las mujeres de las esferas social, económica y política en todo el país”, señalaron.
Unas inquietudes que, a ojos de los expertos, todavía son más graves en los casos de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, como las comunidades hazaras, tayikas, hindúes y otras, “cuyas diferencias o visibilidad las hacen aún más vulnerables en Afganistán”.
Del mismo modo, señalaron que aumenta el riesgo de explotación de mujeres y niñas, incluidas la trata destinada al matrimonio infantil y forzado, así como a la explotación sexual y el trabajo forzado.
Todas estas prácticas, que calificaron de “excluyentes y discriminatorias”, se aplican mediante una oleada de medidas como la prohibición de que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de usar solas el transporte público y la imposición de un estricto código de vestir.
“Además de limitar gravemente su libertad de movimiento, expresión y asociación, y su participación en los asuntos públicos y políticos, estas políticas también han afectado a la capacidad de las mujeres para trabajar y ganarse la vida, empujándolas aún más a la pobreza”, señalaron.
También consideraron “especialmente preocupante” la constante privación del derecho fundamental de las mujeres y las niñas a la educación secundaria y terciaria, bajos argumentos como la obligatoriedad de la segregación entre las mujeres y los hombres y de que las alumnas deben cumplir con un determinado código de indumentaria.
Así pues, la gran mayoría de las escuelas de enseñanza secundaria para niñas permanecen cerradas y a la mayoría se les niega el acceso a los cursos de 7 a 12, basándose únicamente en su género.
“En estos momentos asistimos al intento de eliminar progresivamente a las mujeres y a las niñas de la vida pública en Afganistán, incluso en las instituciones y los mecanismos creados anteriormente para ayudarlas y protegerlas cuando están en peligro”, dijeron en referencia al cierre del Ministerio de Asuntos de la Mujer y a la ocupación de los locales de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.
Muchas activistas y profesionales han abandonado el país en contra de su voluntad
“Varios proveedores de servicios esenciales, y a veces vitales, que apoyan a las supervivientes de la violencia de género han cerrado por miedo a las represalias, al igual que muchos refugios para mujeres, con consecuencias potencialmente fatales para las numerosas víctimas que necesitan estos servicios”, añadieron.
Otras acciones orientadas a socavar los sistemas de prevención y respuesta a la violencia de género fueron la eliminación de los tribunales especializados y de las fiscalías encargadas de aplicar la Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 2009, y la prohibición de que muchas trabajadoras sociales puedan ejercer su trabajo y asistir a otras mujeres y niñas.
Los expertos se mostraron especialmente preocupados por la situación de las defensoras de los derechos humanos, las activistas y líderes de la sociedad civil, las juezas y fiscales, las mujeres de las fuerzas de seguridad, las antiguas empleadas del gobierno y las periodistas, todas ellas muy expuestas al acoso, a las amenazas de violencia y, en ocasiones, a la violencia.
A consecuencia de ello, muchas se han visto obligadas a abandonar el país.
“También nos preocupa profundamente la dureza con la que las autoridades de facto respondieron a los reclamos de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas afganas, con informaciones sobre manifestantes pacíficas que fueron golpeadas, maltratadas, amenazadas y, en casos confirmados, detenidas arbitrariamente”, afirmaron.
A estas causas de alarma, añadieron su gran inquietud ante los reportes de ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzosos de minorías étnicas y religiosas, como los hazara.
Finalmente reiteraron su llamado a la comunidad internacional para que intensifique la ayuda humanitaria al pueblo afgano y que garanticen la eliminación inmediata de las restricciones a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas.
“Cualquier respuesta humanitaria, esfuerzo de recuperación o desarrollo en el país está condenado al fracaso si el personal femenino, las organizaciones dirigidas por mujeres y las mujeres en general -en particular las de las comunidades minoritarias- siguen siendo excluidas de la plena participación en las evaluaciones de las necesidades, así como en la toma de decisiones, el diseño, la implementación y el seguimiento de estas intervenciones”, destacaron.
