El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana manifestó su preocupación ante la falta de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de las vacunas contra el Covid-19 para toda la población mundial, especialmente para las personas más pobres.
A través del documento titulado “La falsa tensión entre el derecho de propiedad intelectual y los derechos a la salud y a la vida”, le solicitó expresamente a la Organización Mundial del Comercio que dé una respuesta favorable, y de manera inmediata, a la propuesta de India y Sudáfrica sobre la exención de la ejecución, aplicación y cumplimiento de algunas obligaciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, en este caso específico, con relación a las patentes de las vacunas. Esta declaración ha sido enviada al Papa Francisco, a la Organización Mundial de Comercio, y a la Organización Mundial de la Salud.
En el documento el Comité exhorta a defensores, fiscales y jueces, en el marco de sus respectivas competencias, a que ante las conductas u omisiones gubernamentales o de empresas farmacéuticas, en la distribución, administración, control, y aplicación de vacunas destinadas al Covid-19, arbitren las medidas respectivas para garantizar efectivamente el derechos a la salud y el derecho a la vida, ya sea mediante la promoción de las acciones judiciales respectivas en el caso de defensoras/es y de fiscales, y del oportuno dictado de decisiones jurisdiccionales por parte de juezas y jueces competentes.
Vacunas estarían alejadas de los mas pobres
En la actualidad, se lee en el documento, “resulta altamente preocupante que las vacunas contra la enfermedad provocada por el virus Sars-Cov2, no se encuentren disponibles y accesibles -de manera universal- para toda la población mundial, y especialmente para las poblaciones más pobres de Asia, África y América Latina”.
El Comité mencionó los discursos del Papa Francisco en tres ocasiones, abordando el tema de la salud y la pandemia: A los miembros de la Fundación “Banco Farmacéutico” el 19 de septiembre de 2020, a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias; Roma, San Juan de Letrán – 7 de octubre de 2020 y en el Mensaje Urbi et Orbi del 25 de diciembre del 2020.
En este último, el Papa había dicho: “…No puedo ponerme a mí mismo por delante de los demás, colocando las leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad. Pido a todos: a los responsables de los estados, a las empresas, a los organismos internacionales, de promover la cooperación y no la competencia, y de buscar una solución para todos. Vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. ¡Poner en primer lugar a los más vulnerables y necesitados!”.
Las preocupaciones del Papa, afirma el Comité, son plenamente compartidas. Una preocupación, se lee en la declaración, que “además se acrecienta frente a la demora en el acceso a la vacuna por parte de países con menos recursos económicos financieros y/o con poblaciones altamente vulnerables; en uno de los momentos donde nos enfrentamos a la expansión de la pandemia a través del aumento de la transmisión viral mundial, los rebrotes en las zonas que atraviesan el invierno o no se cumplen las medidas preventivas de distanciamiento social, y la aparición de nuevas cepas del virus, lo que provoca una mayor cantidad de personas contagiadas y fallecidas.
Por último, recuerdan que “la explotación comercial no puede resultar un criterio válido frente a la emergencia sanitaria que vive el mundo, por lo que la producción de las vacunas debería realizarse en base a un criterio de colaboración entre Estados nacionales y las empresas farmacéuticas, a los fines de que tal producción pueda llevarse adelante en distintas partes del mundo. Una cuestión de especial consideración se advierte en la falsa tensión que se intenta presentar entre los derechos de propiedad intelectual (patentes) y los derechos a la vida y a la salud.
El costo y financiamiento de la investigación, a través de la inversión pública (países que aportaron fondos o que aseguraron la compra previa de determinada cantidad de vacunas), y de la inversión privada con el eventual riesgo que han asumido las empresas farmacéuticas, no pueden resultar un obstáculo para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, y asequibilidad a toda la población mundial, especialmente a los más pobres”.
