Esa oficina, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncia haber observado un incremento de la represión a medida que se acercan las elecciones, así como la eliminación del pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral.
Cuando solo faltan cuatro días para la celebración de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y la República Dominicana ha condenado este jueves la que consideran una “falta de garantías a derechos y libertades” en el marco del proceso electoral en el país centroamericano.
Ambos organismos consideran que “resulta imperioso restablecerlas” y suprimir las barreras para que todas las personas puedan participar plenamente en ese proceso.
Tanto la Comisión Interamericana como la Oficina de la Alta Comisionada indican que “vienen observando” un incremento de la represión y de las “afectaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales en el marco del proceso electoral”, y señalan que han instado reiteradamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Además, advierten que una serie de hechos como la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos, la detención arbitraria de siete personas precandidatas a la presidencia, la de más de 30 líderes sociales y políticos, junto a la descalificación de una candidata a vicepresidenta, elimina el pluralismo político que el Gobierno estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral.
De igual modo, mostraron su preocupación ante la negativa de permitir la entrada a Nicaragua de varios periodistas extranjeros durante las últimas semanas, así como la falta de respuesta a las solicitudes de acreditación para poder informar sobre el desarrollo de la jornada electoral y los ataques contra medios de comunicación y periodistas.
Entre estos últimos, citaron el allanamiento de las instalaciones del diario La Prensa, el 13 de agosto, y la detención de su gerente general al día siguiente, que consideran que “restringieron también indebidamente la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Nicaragua debe restablecer el Estado de Derecho
Por último, añaden que se han producido restricciones arbitrarias contra la libertad de asociación de la sociedad civil, como las impuestas por la Ley de Agentes Extranjeros o la cancelación de la personalidad jurídica de 45 organizaciones civiles durante 2021 y la prohibición de manifestaciones públicas, en particular de personas y organizaciones consideradas como opositoras al Gobierno.
Ambos organismos reiteran su llamado a las autoridades nicaragüenses a restablecer las condiciones encaminadas a la celebración de “unas elecciones libres y justas” determinadas mediante “un diálogo inclusivo y constructivo con todos los sectores de la sociedad”.
Para producirse esta situación, consideran “imprescindible” que el poder ejecutivo “restablezca el Estado de Derecho, libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, y cese los ataques contra personas y organizaciones consideradas como opositoras al gobierno, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
