Una experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicita a los Estados que imponen sanciones unilaterales que las levanten o las reduzcan al mínimo, y a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que tengan efectos adversos sobre las garantías fundamentales.
Las sanciones unilaterales son especialmente dañinas para los derechos humanos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables de las poblaciones de los países objeto de sanciones declaró este miércoles la relatora* especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. .
“Ya sabemos que las sanciones unilaterales impiden a las poblaciones de los países objeto de estas disfrutar plenamente de sus derechos humanos; y que el impacto es especialmente grave para los grupos vulnerables”, dijo Alena Douhan.
“Además de las mujeres y los niños, estos grupos incluyen a los indígenas, las personas con discapacidad, los refugiados, los desplazados internos, los migrantes, las personas que viven en la pobreza, los ancianos, las personas afectadas por enfermedades graves y otras personas que se enfrentan a retos particulares en la sociedad”, añadió la experta.
Douhan recordó que los grupos vulnerables son a menudo los que más dependen de la ayuda social o humanitaria, pero que ésta no puede suministrarse, a pesar de las exenciones existentes, por las sanciones.
Las sanciones unilaterales provocan reservas en las entidades financieras
“La complejidad de la normativa sobre sanciones, junto a la aplicación extraterritorial y las fuertes sanciones, han provocado que las entidades se excedan en el cumplimiento de las sanciones unilaterales por miedo a las consecuencias de las infracciones involuntarias”, dijo Douhan.
La experta señaló que debido a esta situación “los bancos se muestran reticentes a financiar la ayuda o tramitar las transacciones para las compras humanitarias, y las empresas de transporte se niegan a gestionar los envíos de bienes humanitarios. En ocasiones, las organizaciones humanitarias han dejado de operar en los países sancionados debido a estas dificultades”, explicó.
La relatora especial señaló que las sanciones suelen incluir embargos de combustible e impiden a los países sancionados obtener piezas para mantener infraestructuras vitales para la vida cotidiana, como los sistemas de suministro de alimentos, agua, saneamiento, salud y electricidad.
“Cuando un país no puede obtener combustible, no se pueden entregar medicamentos y equipos médicos y la gente no puede acudir a los hospitales para recibir atención médica, como las pruebas y controles durante los embarazos, los partos, la vacunación de niños y la atención médica” resaltó.
“Además de impedir el transporte de personas y bienes como los alimentos, la falta de combustible y la incapacidad de conseguir repuestos afecta a la obtención de energía eléctrica,
“Las mujeres, en particular, se ven muy afectadas. Ellas son las que a menudo tienen que ir a buscar el agua potable para sus familias, y cuando las sanciones provocan un descenso de la actividad económica suelen ser las primeras en perder sus empleos y convertirse en el objetivo de los traficantes para su explotación sexual.”
Douhan señaló que esta circunstancia puede hacer que un país retroceda en la escala de desarrollo, y advirtió que puede representar una gran amenaza que impida la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan mejorar la vida de todas las personas, especialmente la de las mujeres, las niñas, los ancianos y las personas con enfermedades graves o crónicas.
“Desde una perspectiva de derechos humanos, reitero mi llamamiento a las Naciones Unidas, a las ONG y a otros actores humanitarios a centrar su atención en los grupos vulnerables de los países sancionados por medio de un seguimiento y una evaluación continua de las consecuencias que las sanciones tienen en los derechos humanos”, afirmó.
