Cuando los responsables de la trata son grupos terroristas, los Estados incurren en fallas de protección, asevera una experta en derechos humanos y advierte que esas agrupaciones trafican impunemente a las personas para forzarlas a contraer matrimonio o explotarlas sexualmente, entre otros fines.
La relatora especial* de la ONU sobre trata de personas advirtió este miércoles que, en lugar de recibir protección, las víctimas de ese delito son castigadas y estigmatizadas.
En un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Siobhán Mullally planteó las fallas recurrentes de los Estados para identificar y ayudar a las víctimas de trata y proteger sus derechos humanos.
“Los Estados tienen la obligación, sin excepción, de identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y deben tomar en cuenta las necesidades de las personas que son víctimas de ese delito a causa de grupos terroristas o de conflictos”, recalcó.
En este sentido, urgió a que las operaciones de la ONU para el mantenimiento de la paz redoblen esfuerzos para prevenir la trata de personas e identificar y proteger a las víctimas, especialmente en países en un proceso de transición de un conflicto a la paz.
Se castiga a las víctimas
La experta consideró que muy a menudo se castiga a las víctimas de trata a manos de terroristas porque los Estados no las identifican ni las protegen, muchas veces por su supuesta asociación con los grupos victimarios o por el estigma, la discriminación y el racismo asociados con ese delito.
“Es muy preocupante que cuando la trata ocurre en un contexto de terrorismo, la discriminación por parte de los Estados cause fallas de protección y aumente los riesgos de que las víctimas, incluidos los niños, vuelvan a ser traficados”, explicó Mullally.
Afirmó que los grupos terroristas se valen de la trata con fines de matrimonio forzado, explotación sexual, trabajo forzoso y criminalidad forzada como una estrategia y lamentó que cometan este grave delito impunemente debido al fracaso estatal.
Los niños
La relatora dijo que las organizaciones terroristas reclutan a muchos niños en situación de vulnerabilidad que habitan en campamentos de refugiados o desplazados para explotarlos, una situación que se ha agudizado con la crisis acarreada por la pandemia de COVID-19.
Detalló que esos niños no sólo son explotados sexualmente, sino que también se les utiliza en combates armados o se les envía a plantar explosivos y a llevar a cabo atentados suicidas.
Mullaly se refirió al Protocolo de Palermo -cuyo objetivo es prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas-, y aseveró que tanto los Estados como los actores humanitarios deben respetarlo.
Es su obligación identificar a las víctimas de trata de manera temprana y brindarles asistencia médica, psicológica y legal especializada, añadió, citando también las leyes internacionales de derechos humanos.
“El deber de no discriminar es una norma básica de los derechos humanos y se aplica a las obligaciones de los Estados de proteger las garantías fundamentales de todas las víctimas de trata”, enfatizó la experta.
