Por ningún motivo se debe administrar una vacuna por la fuerza, señala la máxima funcionaria de derechos humanos sobre la decisión de algunos Estados de hacer obligatoria la inmunización contra el COVID-19. “Los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, pero imponen límites sustanciales sobre cuándo y cómo se aplican”, acota.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reflexionó este miércoles sobre la creciente tendencia de los Estados a hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19, llamando a tomar en cuenta las ramificaciones de esa medida.
En su participación en un seminario sobre acceso a medicamentos y vacunas organizado por la dependencia a su cargo, Michelle Bachelet dijo que si bien los derechos humanos no prohíben los mandatos de vacunas, sí imponen límites sobre cuándo y cómo deben aplicarse.
Para empezar, recalcó, las políticas de obligatoriedad deben partir de que haya vacunas disponibles y asequibles para toda la población.
“A menos que todas las personas tengan acceso a las vacunas, los requisitos de inmunización no serán compatibles con los derechos humanos”, enfatizó. Bachelet explicó que si se cumple este requisito, es aceptable que se condicione a la vacunación el goce de algunos derechos y libertades, como el acceso a las escuelas o espacios públicos.
Nunca por la fuerza
“Sin embargo, en ninguna circunstancia se debe administrar una vacuna a las personas por la fuerza”, subrayó.
Agregó, por otra parte, que cuando se impongan sanciones a las personas por negarse a cumplir con un mandato de vacunación, éstas deben ser proporcionadas y estar sujetas a revisión de las autoridades judiciales.
“Los mandatos de las vacunas deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Deben estar previstos por la ley, con las garantías procesales adecuadas, incluido el derecho a solicitar una exención y el derecho a apelar cualquier forma de sanción ante una autoridad imparcial e independiente”, apuntó.
Además, este tipo de políticas deben aplicarse sólo cuando sean absolutamente necesarias en términos de salud pública, añadió.
Bachelet aclaró que los mandatos deben considerarse únicamente cuando las medidas menos intrusivas no hayan podido satisfacer las necesidades de salud pública.
Otra provisión es que la disposición se revise frecuentemente para que sea proporcionada y no discriminatoria y que su vigencia se prolongue sólo si sigue siendo necesaria. Los Estados que opten por un mandato de inmunización deben administrar vacunas seguras y efectivas y deben contemplar una compensación en caso de que ocurriera cualquier daño relacionado con la vacuna.
La Alta Comisionada dedicó gran parte de su participación a destacar la discriminación sistémica y las desigualdades entre los países y dentro de ellos que se han revelado con tanta claridad durante la pandemia de COVID-19, particularmente en el renglón de acceso a las vacunas.
“Al 1 de diciembre, apenas el 8% de los adultos había recibido una dosis de la vacuna en los países de renta baja, comparado con el 65% en los países de ingresos altos”, ejemplificó, y aunó su voz a la del Secretaria General de la ONU al aseverar que esto es “profundamente injusto e inmoral”.
Asimismo, coincidió con los expertos al argumentar que este acceso desigual es contraproducente y peligroso para todos, como lo han demostrados los nuevos picos de infecciones y la detección de la variante Ómicron.
“Diré esto una vez más: ninguno de nosotros está a salvo hasta que todos estemos a salvo. La falta de acceso y distribución universal y equitativa de vacunas en este momento está prolongando la pandemia. Esta pandemia es una gran crisis mundial y requiere una respuesta mundial unida”, puntualizó Bachelet.
Advirtió que no cumplir con la meta de la Organización Mundial de la Salud de vacunar al 40% de la población de todos los países para fines de este año y al 70% para mediados del próximo costará muchas muertes evitables, además de discapacidades debidas al síndrome de COVID prolongado.
