● El foro “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas
jornaleras”, realizado en la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social (CISS) en colaboración con la Alianza Campo Justo, reúnió
testimonios y propuestas para avanzar hacia una cobertura efectiva.
● Autoridades y organizaciones coinciden en la necesidad de adaptar los
sistemas a la realidad del trabajo agrícola. El encuentro plantea una
ruta de coordinación y rediseño institucional.
Garantizar el acceso efectivo a la seguridad social para las personas jornaleras agrícolas, considerando sus
condiciones de movilidad y las desigualdades de género, se posicionó como uno de los principales ejes de discusión del foro “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas jornaleras”, que se realizó en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en conjunto con la Alianza Campo Justo.
A lo largo de nueve mesas de trabajo, el encuentro reunió a trabajadoras
jornaleras, autoridades y organizaciones de la sociedad civil para compartir
diagnósticos, experiencias y propuestas orientadas a ampliar la cobertura y
mejorar el acceso a derechos en el sector agrícola.
Uno de los momentos más relevantes fue la participación de Sara, mujer
jornalera náhuatl de la montaña de Guerrero, quien, tras presentarse en su
lengua, reconoció avances recientes en materia de seguridad social, pero
advirtió que el reto central sigue siendo garantizar su acceso efectivo.
En su intervención, subrayó que los beneficios no pueden depender de
decisiones discrecionales: “siento tristeza por mi gente y por mi familia,
que dependen del conocimiento y la voluntad del patrón”, dijo, en una
aplaudida intervención.
Su testimonio dio cuenta de los desafíos cotidianos que enfrentan las
personas jornaleras, particularmente en contextos donde la enfermedad o
la imposibilidad de trabajar implican una afectación directa al sustento
familiar. Estas experiencias pusieron de relieve la urgencia de mecanismos
que respondan a las condiciones reales del trabajo en el campo.
Por su parte, el secretario general de la CISS, Pedro Kumamoto, señaló que
persiste una brecha entre el diseño institucional y las condiciones reales
del sector agrícola, y sostuvo que es necesario adaptar los sistemas de
seguridad social a la diversidad de formas de trabajo para garantizar una
cobertura efectiva.
Desde el ámbito institucional, Luisa Obrador, directora de Incorporación y
Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que
se han impulsado esfuerzos para ampliar la cobertura hacia sectores
históricamente excluidos, como personas trabajadoras independientes, del
hogar y del campo. En ese sentido, afirmó que “la incorporación de estos
grupos es una prioridad para construir un sistema más incluyente”.
También, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), enfatizó la necesidad de
avanzar hacia un modelo en el que la formalidad sea accesible y funcional,
tanto para trabajadores como para empleadores, señalando que el desafío
no es sólo normativo, sino también operativo.
El enfoque de género fue otro de los ejes centrales. Alexandra Haas,
directora ejecutiva de Oxfam México, advirtió que las mujeres jornaleras
enfrentan una carga desproporcionada al combinar el trabajo agrícola con
responsabilidades de cuidado, por lo que consideró indispensable que esta
realidad se incorpore en el diseño de políticas públicas: “no se puede
pensar la seguridad social sin considerar el trabajo de cuidados”
En esa misma línea, Rogelia González, titular de la Secretaría de las Mujeres
de Oaxaca, puso el acento en las condiciones específicas que enfrentan las
mujeres indígenas jornaleras, marcadas por la migración laboral y la
discriminación estructural. Subrayó que se requieren políticas integrales
que reconozcan estas desigualdades y que incluyan el componente de
cuidados como un eje central.
El foro también retomó datos que dimensionan la magnitud del desafío: en
México, cerca de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo jornalero
agrícola y más del 90% no cuenta con afiliación a un sistema de seguridad
social, en gran medida debido a la movilidad inherente a esta actividad.
Las discusiones desarrolladas durante el encuentro apuntan a fortalecer la
coordinación entre instituciones, diseñar mecanismos que respondan a
contextos de movilidad y avanzar hacia un acceso efectivo a los derechos,
más allá de su reconocimiento normativo.
El foro “Sembrar el derecho a la seguridad social para las personas
jornaleras” se consolida así como un espacio de diálogo orientado a
construir soluciones que permitan que la seguridad social sea una realidad
para quienes sostienen, con su trabajo, la producción alimentaria del país