El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sigue en su guerra directa y declarada contra grupo “Caliente”. Primero fue los altos cobros por el uso del agua, luego la confiscación de maquinas tragamonedas en sus locales de Tijuana, la clausura y cierre parcial de locales en Ensenada y ya prepara el golpe contra el Hipódromo, al que acusa de estar en terrenos robados.
En suma, se trata de perjudicar las actividades empresariales y amedrentar a quien considera el enemigo a vencer en las próximas elecciones, el candidato al gobierno del estado, Jorge Hank Rhon para dejar el camino libre a su incondicional, la candidata de Morena al gobierno del estado, Marina del Pilar Ávila.
Así se puso de manifiesto en la conferencia de prensa que ofrecieron Carlos Sanz, director de James Industries y los abogados de grupo caliente Ramón Serrano, Marco Milán y Carlos Vizcaino, para denunciar las acciones ilegales e inconstitucionales de parte del gobierno del estado, en contra de este consorcio.
Estos señalaron que la guerra de Bonilla es meramente política, ya que no ha acreditado, en ninguno de los casos denunciado, la base jurídica y legal, con la que ha actuado.
Señalaron que, en el caso de los cobros excesivos por el uso del agua, no fue acreditado, pero para evitar problemas se tomó la decisión de cubrir los supuestos adeudos. En la confiscación de 208 máquinas tragamonedas en Tijuana, el argumento fue que no tenían el respectivo permiso de importación, pero se acreditó que todas estas fueron ensambladas en México, que no fueron traídas del extranjero y muchas con componentes meramente nacionales.
Incluso se ha demostrado que todas estas maquinas son arrendadas, o sea que no son propiedad de grupo Caliente, sino de terceros que cuentan con toda la documentación legal y permisos respectivos para operar en México, pero la autoridad local del SAT local sigue cerrada a escuchar argumentos e insiste en pedir permisos de importación cuando se les ha demostrado que son equipos nacionales.
Lo del cierre parcial de los casinos en Ensenada, es el mismo caso, o sea por mero capricho del gobernador y sus incondicionales, como los alcaldes de ese municipio gobernado por Morena.
Marco Milán, abogado, consideró que la situación es preocupante ya que se trata de un terrorismo con fines políticos que está ahuyentando e inhibiendo la inversión tanto nacional como extranjera que ven con desconfianza la actuación ilegal del gobierno del estado. Todo esto en prejuicio de la economía local que padece pérdida de empleos y baja en sus ingresos y por lo tanto el empobrecimiento de muchos.
Sobre el caso del Hipódromo de agua caliente, denunciaron que el gobierno de Baja California prepara ya el zarpazo en su contra, porque considera que está construido en terrenos robados.
Si esa es la acusación que lo demuestren consideró Milán, quien informó que el local tiene en regla sus permisos federales. Recordó que una acción en contra de este local implicaría la pérdida de 4 mil empleos directos y asfixiar al principal pagador de impuestos en el estado.
Consideró que existe mucha preocupación en la gente del estado, por lo que está pasando y por las acciones impopulares que ha tomado el gobernador Jaime Bonilla en contra de las grandes mayorías.
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