Con el cierre del año 2023 en México se han gestionado una serie de reformas laborales que han despertado grandes expectativas. Durante los últimos seis años, el país ha sido testigo de cambios sustanciales en su legislación laboral, desde la reforma constitucional de 2017 hasta la enmienda de la Ley Federal del Trabajo en 2019, incluyendo la incorporación del teletrabajo y restricciones en la subcontratación.
En retrospectiva, el sistema laboral anterior era indefendible. Por ejemplo, los trabajadores tenían tan solo seis días de vacaciones en su primer año, y la falta de una definición clara del teletrabajo en pleno siglo XXI era incomprensible. Además, los abusos en la subcontratación clamaban por una regulación más rigurosa que pudiera corregir estas deficiencias y abusos, buscando un mayor equilibrio en las relaciones laborales.
Sin embargo, las reformas laborales proyectadas para los próximos meses presentan grandes desafíos. Entre las propuestas se incluye:
- La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
- Un aumento del aguinaldo de 15 a 30 días.
- Una duplicación de la prima vacacional.
Aunque estas reformas pueden ser consideradas positivas desde la perspectiva de los derechos laborales, surgen interrogantes sobre su impacto en el mundo empresarial. Hoy en día, existe la percepción de que las empresas en México son entidades poderosas, capaces de absorber cualquier carga adicional sin afectar el empleo en el país.
Sin embargo, esta percepción pasa por alto la realidad de la gran cantidad de empleos informales en México y la evasión de la seguridad social y los impuestos por parte de numerosos negocios. En última instancia, son las empresas formales, en su mayoría pequeñas y medianas, las que pagarán el precio de las reformas laborales y fiscales.
¿Cuál será el impacto en las empresas de las reformas laborales en México?
El aumento propuesto del 22% en los costos laborales para las empresas, resultado de estas reformas, es motivo de preocupación. La reducción de la jornada laboral, sin un análisis minucioso de la productividad, podría llevar a una reconsideración de las horas extras y, en última instancia, a un aumento de los precios de bienes y servicios.
Lo más preocupante es que estas reformas laborales parecen recaer en las empresas sin una contribución significativa por parte del Gobierno Federal. La situación sería diferente si estas modificaciones se acompañan de reducciones en el Impuesto Sobre la Renta o de deducciones fiscales más favorables para las empresas.
La carga adicional para las empresas se justifica en nombre de la mejora de los derechos laborales, pero no se evalúa adecuadamente su impacto económico en la economía formal. Es por esto que se hace esencial abrir un diálogo social que considere la promoción del empleo formal y la participación activa del Gobierno Federal en estas reformas.
Sin un enfoque equilibrado y medidas de apoyo a las empresas, es probable que veamos un aumento en las tasas de desempleo e informalidad en los próximos años con la implementación de estas reformas laborales. La oportunidad de atraer inversiones, como el nearshoring, podría perderse rápidamente influyendo de forma negativa en la economía del país.
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